Rendición de cuentas y sociedad civil en el Sistema Español de Cooperación al Desarrollo: por una gobernanza democrática comprometida con la efectividad
10. Noviembre 2009 por Kattya Cascante y Anna Ayuso Pozo | Categorías: Reforma institucional, Sociedad civilLa rendición de cuentas económica, jurídica y financiera en vigor en España y de ámbito nacional, ofrece un marco de control suficiente para detectar las desviaciones y fraudes contables. Es decir, que el sistema español establece mecanismos capaces de detectar estas irregularidades y promover sanciones afines. También posibilita el ir avanzando en establecer las responsabilidades políticas cada vez mas demandadas por la ciudadanía. Sin embargo no podemos decir lo mismo en cuanto a la rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo promovidos y/o conseguidos propios del ámbito exclusivo de la política de cooperación.
Hoy por hoy nuestro sistema carece de suficientes mecanismos, incentivos y sanciones que permitan medir y en su defecto reclamar responsabilidades frente a una intervención inadecuada, poco eficaz o que no justifique nuestra permanencia en un tercer país. Por ello, es necesario establecer un concepto más amplio de la rendición que nos permita no solo abarcar cuánto, cómo y a qué se ha destinado el presupuesto, sino que además nos permita saber si ha servido para promover el desarrollo, que es en definitiva su objetivo último.
Por otro lado, la implicación y el apoyo ciudadano a las políticas de desarrollo es una condición para consolidar una política basada en la participación y el diálogo de todos los actores. La rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo también debe incorporar a la sociedad civil y a la opinión pública, no solo para legitimar la política de cooperación como política de Estado, sino para conseguir de la sociedad española un verdadero compromiso de lucha contra la pobreza.
Sin ser un reto exclusivo de la política de Cooperación Española el principio de la rendición de cuentas de los resultados de desarrollo, sí lo es prioritario en el momento actual, donde todo el esfuerzo se centra en dejar atrás una política de gestión de la Ayuda y avanzar en una política de Desarrollo.
El informe que presentamos parte de un marco conceptual general para analizar en qué medida el actual sistema de rendición de cuentas se adapta a los estándares internacionales. Su principal aportación consiste en la identificación de fortalezas y debilidades de los procesos, instituciones y actores nacionales que participan o que deberían participar en la rendición de cuentas. Finalmente avanza propuestas concretas para la actualización y mejora del sistema.
Para que los mecanismos de rendición de cuentas sean efectivos es necesario que cumplan ciertos requisitos:
- deben ser instrumentos de mejora capaces de describir el camino por el cual una organización acepta críticas;
- deben promover cambios que redirijan una acción mal encaminada;
- deben ser mecanismos que democraticen la política de desarrollo incorporando la participación de la ciudadanía;
- han de establecer medidas que, no solo controlen o fiscalicen las cuentas o los resultados, o se reduzcan al seguimiento de actividades, sino que analicen las relaciones causales entre las acciones y los resultados en los procesos de desarrollo.
Se deben establecer compromisos transparentes y vinculantes sobre los cuales se rindan cuentas con un marco de incentivos políticos y jurídicos (contemplando sanciones en caso de incumplimientos graves que generen perjuicios a la población), estandarización de los indicadores, intercambio de información y apertura. Sin duda, hay que mejorar la cultura de evaluación y definir procesos de gestión del conocimiento que permitan avanzar en la credibilidad de la comunidad internacional. En particular, se propone la elaboración del Plan para incorporar plenamente la Declaración de París, mediante cambios jurídicos, institucionales, mejoras técnicas, y acercando a la ciudadanía el componente político de la rendición mutua de cuentas. Es preciso abordar la distribución de las competencias entre los distintos ministerios al mismo tiempo que se definen los mecanismos de rendición de cuentas hacia la Comunidad Internacional.
En cuanto al sistema español en particular, la rendición de cuentas debería pasar de un modelo previo centrado en la jerarquía, orientado al control de recursos, burocrático y reducido únicamente al cumplimiento del principio de legalidad, a otro más flexible donde medir resultados y adaptarse a los cambios en un contexto en transformación y lleno de riesgos.
Las recomendaciones para avanzar en el plano interno se resumen en las siguientes: En el ámbito legislativo, la reforma de la Ley de cooperación española debería definir la institucionalidad de un sistema integral de rendición de cuentas sobre resultados de desarrollo, en las tres dimensiones referenciadas en el Plan Director y los distintos niveles (político, económico y jurídico). La reforma contemplaría los elementos necesarios para un sistema de rendición de cuentas integral que permitiera la participación de todos los actores en una sola cuenta de resultados de desarrollo y sólo hacer diferencias en la justificación económica según la procedencia de los fondos.
Las contradicciones que puedan generar las iniciativas con fondos privados respecto a las llevadas a cabo con fondos públicos carecen de un mecanismo de control de daños, y no hay nada en el sistema que garantice un marco de complementariedad para una mayor coherencia del sistema. Si las empresas y organizaciones privadas asumen protagonismo en el logro de los compromisos del desarrollo, deberían someterse a sistemas de seguimiento sobre el impacto de sus intervenciones que garanticen la integración de sus acciones en un marco común con la Administración General del Estado. Es imprescindible incluir a los actores públicos y privados de la cooperación española en los mecanismos de rendición de cuentas, tanto como sujetos activos cuanto como sujetos pasivos, trasladando el principio de asociación y corresponsabilidad al conjunto de acciones de la Cooperación Española en términos de resultados globales. En el mismo sentido, es un imperativo reducir al máximo la discrecionalidad y la unilateralidad en la toma de decisiones si se quieren desarrollar mecanismos efectivos de rendición de cuentas sobre resultados.
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