¿Aseguramos el acceso universal a la salud reproductiva? - Incidencia política en el marco de Cairo+15

4. Mayo 2009 por Marta OKelly | Categorías: Salud

Este año celebramos el quince aniversario del Programa de Acción de la Conferencia Internacional y Desarrollo (CIPD) de El Cairo. A punto casi de alcanzar su mayoría de edad, éste todavía se mantiene como una herramienta clave para impulsar el desarrollo a nivel global.

La CIPD fue uno de los primeros instrumentos internacionales que incorporó metas cuantitativas para el seguimiento de sus avances, algunas de cuales - reducción de la mortalidad materna, asistencia del parto por personal cualificado y prevención del - fueron incorporadas desde el inicio como (ODM). Más recientemente, el acceso universal a la reproductiva, objetivo fundamental de la CIPD, fue incorporado también como meta del milenio junto con diferentes indicadores relativos a la fertilidad adolescente, las necesidades insatisfechas de planificación familiar, la tasa de prevalencia anticonceptiva y la cobertura de cuidados prenatales. Esta incorporación fue el resultado tanto de la acción de un amplio movimiento de apoyo a los derechos sexuales y reproductivos, como de la constatación de que no es posible avanzar hacia el desarrollo global si no se trabaja en la equidad de género y la y los derechos sexuales y reproductivos.

La mejora de la reproductiva en el camino a la erradicación de la pobreza

En los últimos años se han producido importantes avances para el logro de los que se impulsaron desde el Programa de Acción de la CIPD. Así por ejemplo, de acuerdo a Naciones Unidas, en los últimos años en todas las regiones del mundo, exceptuando una, al menos el 90% de la población se ha matriculado en la escuela primaria, el índice de paridad en la educación primaria es de al menos 95% en la mayoría de regiones, y el número de personas que contrajeron el se redujo en un 10% entre 2001 y 2007.

Sin embargo, es preocupante e inadmisible que se continúe sin avances en la lucha contra la mortalidad materna. La reducción de la mortalidad materna es la meta en la que las desigualdades entre los más ricos y pobres se aprecian de manera más acuciante, tanto entre los países como dentro de cada país. En todo el mundo, las mujeres pobres son quienes tienen una mayor probabilidad de morir por razones asociadas al embarazo, lo que resulta inaceptable cuando sabemos cuáles son las estrategias que funcionan en este campo, y que facilitando los cuidados oportunos estas muertes pueden ser evitadas.

En otros aspectos de la reproductiva, afortunadamente, el informe de Naciones Unidas señala avances como el incremento de partos atendidos por personal de cualificado, el aumento del acceso a la atención prenatal, la reducción de la mortalidad en niños menores de 5 años, la lenta reducción de la fertilidad adolescente, y el incremento del número de gobiernos que tienen políticas para mejorar el acceso a la anticoncepción. Sin embargo, la demanda insatisfecha de planificación familiar presenta retrocesos que podrían dificultar la realización de otros ODM.

Son necesarios más recursos financieros para reproductiva

Esta es una de las conclusiones de la declaración adoptada por los Estados Miembros durante el 42º periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD) del Consejo Económico y Social. Una vez analizada la evaluación de los recursos financieros destinados hasta el momento, Naciones Unidas estima que serán necesarios 352 mil millones de euros entre los años 2009 y 2015 para llegar a implementar la CIPD, de los cuales dos tercios –es decir 235 mil millones- deberán ser inversiones de los países en desarrollo mientras que el tercio restante -117 mil millones- deberá ser aportado por los donantes.

En este marco de necesidades pasadas, presentes y futuras, España está ocupando aún un lugar modesto en cuanto al porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) destinada a la implementación del programa de acción de la CIPD. De acuerdo al informe del Secretario General de la CPD con motivo de Cairo+15, en 2007 el promedio del porcentaje de AOD que los donantes dedicaron a este sector fue de 6,46%, en un amplio rango que tiene como porcentaje mínimo 0,11% y como máximo 13,15%. España, por su parte, se ubica en el 3,81%, en una tendencia ascendente que sin embargo refleja un menor esfuerzo presupuestario con respecto al resto de donantes y que puede ser por tanto mejorada.

Participación de la sociedad civil en el proceso de revisión de El Cairo

La batalla para mantener vivo el “consenso de El Cairo” no sólo se libra a nivel de implementación y recursos sino también a nivel de conceptos y de derechos. Como viene siendo habitual, en cada reunión anual de la Comisión de Población y Desarrollo es necesario reafirmar, ante las fuerzas que intentan recortar y modificar los compromisos, que los acuerdos de 1994 son un mínimo incuestionable para avanzar en el camino hacia la erradicación de la pobreza. No caben, por tanto, pasos atrás en el reconocimiento de la y los derechos sexuales y reproductivos.

Conscientes de esta realidad, la sociedad civil internacional ha trabajado duro durante el proceso anterior y paralelo al 42º periodo de sesiones de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD), celebrado a primeros de Abril en Nueva York. España ostenta en estos momentos una de las vicepresidencias de esta Comisión y desde GIE impulsamos una presencia activa, tanto del Gobierno como de los distintos actores de cooperación españoles, para conseguir una declaración avanzada y progresista en términos de y derechos sexuales y reproductivos. Si bien, desafortunadamente, no fue posible articular una delegación española que pudiera participar activamente en el evento, valoramos positivamente que al menos se haya manifestado un compromiso por articular mejor el proceso en 2010 para permitir mejores canales de participación y más visibilidad de los distintos actores de la cooperación que trabajamos en este sector.

Por otro lado, hubo la oportunidad de trabajar conjuntamente con DGPOLDE y otras organizaciones sobre el borrador de declaración de la CPD, elaborándose así una propuesta consensuada que fue enviada a la responsable de la Misión Permanente de España ante la ONU para su negociación en la CPD. Algunos de los aspectos sobre los que se hicieron especial hincapié fueron entre otros:

  • El concepto de y derechos sexuales y reproductivos como un todo
  • La importancia de reconocer que la sexual y reproductiva y el empoderamiento de género es central para el desarrollo y la reducción de la pobreza.
  • La necesidad de pasar a una fase de implementación de las estrategias nacionales de y SSR que los países en desarrollo han adoptado.
  • El reconocimiento de que la crisis no debe ser una excusa para no invertir los recursos económicos necesarios para implementar la CIPD.
  • La lucha contra el aborto inseguro y el acceso a servicios adecuados donde sea legal.
  • La participación de la sociedad civil en la rendición mutua de cuentas.
  • La participación y la y derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes.
  • La prevención del matrimonio y el embarazo tempranos.
  • La ampliación de los programas de a enfoques de y derechos sexuales y reproductivos.

Logros y lecciones aprendidas

El trabajo en red entre las organizaciones de la sociedad civil, así como entre éstas y los gobiernos, es imprescindible para lograr avances hacia el derecho a la y la mejora del acceso a los servicios de sexual y reproductiva.

La incorporación en la declaración final de la sesión 42º de la CPD de algunas de las propuestas aportadas desde la cooperación española es un ejemplo claro de que los resultados son posibles. Aunque puede parecer una nimiedad, a nivel de incidencia política el hecho de incorporar un determinado concepto o lenguaje en una resolución de Naciones Unidas implica un fuerte grado de institucionalización, permitiendo así que siempre se le pueda hacer referencia. Esto no garantiza, desde luego, que las palabras se transformen en hechos, pero en un sector tan controvertido como el de la y los derechos sexuales y reproductivos es desde luego una garantía para evitar retrocesos en los acuerdos. Todavía, por ejemplo, es un reto que en una resolución de este tipo se hable de derechos sexuales y reproductivos. Por el momento, únicamente y con muchas reticencias se han conseguido institucionalizar los derechos reproductivos.

Esta primera experiencia de trabajo sobre incidencia política en el marco internacional de la CPD debe reforzarse en el futuro con una mayor coordinación y presencia de la sociedad civil y el Gobierno español en este tipo de foros. Esto implica más tiempo de preparación y más espacios para dialogar. De la misma manera, es imprescindible dar respuesta a las expectativas y demandas que la sociedad civil del sur, que vive en contextos políticos adversos a la y los derechos sexuales y reproductivos, sitúa sobre nosotros como posibles aliados para contrarrestar dichas fuerzas.

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