Traducir en hechos concretos la apuesta por una ayuda más coherente y eficaz

Si el II Plan Director (2005-2008) sentó las bases del cambio de rumbo de la Cooperación Española, el III Plan Director (2009-2012) deberá definir el marco que permita a la política española de cooperación para el desarrollo alcanzar la madurez. Son muchos los retos a los que se deberá hacer frente en este periodo. Más allá de la continuación del importante esfuerzo presupuestario que se viene realizando, el gran desafío será traducir en hechos concretos la apuesta por una ayuda más coherente y eficaz.

El borrador del III Plan Director parece ser consciente de esa necesidad. Es ambicioso en cuanto a los objetivos que pretende alcanzar. Aborda una gran amplitud de cuestiones, hasta el punto de dar la sensación de no querer dejarse nada fuera. Introduce aspectos novedosos, entre los que destaca la definición de un marco de resultados por ámbitos estratégicos que se traducirá en siete planes de acción, para los cuales incluso se llegan a definir metas e indicadores. Y no se olvidan otros aspectos clave en los que la Cooperación Española debe mejorar: la asociación en el terreno; la coordinación y complementariedad de actores; o el aprendizaje, la evaluación y la gestión del conocimiento, por citar algunos de ellos.

Pero también es cierto que el proyecto de Plan plantea importantes dudas en otros ámbitos. Al igual que el anterior Plan, el documento resulta bastante extenso y podría tener un enfoque más directo y operativo.

Asimismo, habría que profundizar más en la concentración de las prioridades geográficas de la Cooperación Española, y aún están por ver los contenidos del apartado relativo a recursos y previsiones presupuestarias.

Son muchas las cuestiones que se abordan en el borrador de este III Plan Director sobre las que se podría opinar. Si hubiese que optar por algo, parece que uno de los grandes retos será disponer de las capacidades adecuadas para hacer frente a los ambiciosos objetivos fijados. De ahí la importancia de dotar a los órganos y actores que deberán implementar el Plan de las capacidades técnicas y de gestión necesarias, así como de acometer las reformas institucionales y legislativas que permitan traducir los objetivos fijados en hechos concretos. No es una cuestión menor, ya que la credibilidad de la política española de cooperación esta en juego.

En definitiva, será clave consolidar los cambios que se han realizado hasta el momento y culminar de manera satisfactoria el proceso de reforma en marcha. Así las cosas, España podría contar en 2012 con una política de cooperación no sólo generosa en recursos, sino también coherente y orientada en torno a criterios de calidad. Una política de cooperación coordinada entre sus diferentes actores, dotada de los instrumentos apropiados, orientada a la consecución de resultados en ámbitos estratégicos claramente definidos y basada en el aprendizaje. En un sistema de cooperación tan complejo y diverso como el español, esta en manos de todos llevarlo a la práctica.