Con las cosas de comer no se juega - La dimensión política de la seguridad alimentaria

La Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria ha puesto de relieve algunos de los males que aquejan en general al sistema de ayuda y específicamente, al compromiso por alcanzar el objetivo número 1 de desarrollo del milenio.

Por enumerar algunos,

• la no complementariedad entre donantes y especialmente agencias de Naciones Unidas, más aún, la competencia por recursos y posicionamiento (especialmente entre la FAO y el PMA);
• por otro lado una visión esencialmente agroproductiva, en la que quedan muy relegados (y sólo por el esfuerzo de algunas agencias de la sociedad civil y la capacidad de maniobra de alguna agencia donante han podido incluir in extremis la visión más amplia de la seguridad alimentaria) o
• la rendición de cuentas y apropiación de las agendas por parte de grupos amplios de la sociedad civil pero también el sesgo ideológico fuerte en posiciones que excluyen a algunos actores, clave en el reto de hacer accesible y disponible los alimentos.

Por otro lado una mirada más positiva nos plantea varios retos y algunas posibilidades que no debemos dejar pasar.

La declaración de reafirmación del derecho a la alimentación como uno de los pilares fundamentales de la arquitectura política y jurídica de protección de los 960 millones de hambrientos abre una vía al refuerzo de este derecho, no basado en necesidades sino anclado en las responsabilidades de buen gobierno (exigibles a todo Estado por ahora sólo políticamente), tanto de su ayuda como sobre sus ciudadanos. Quizás aquí se abra un debate sobre el alcance y significado del buen gobierno de la ayuda, que no sólo debe detenerse en los países donantes sino ser igualmente exigible a los países receptores. Si no queremos distorsionar el objetivo de la Declaración de París o de la Agenda para la Acción de Accra, la apropiación, rendición de cuentas o gestión por resultados debe ser exigible tanto en la liquidación de la ayuda entre los donantes de la OCDE-CAD y los países socios como para la identificación de prioridades, definición de políticas de seguridad alimentaria y la ejecución de los presupuestos entre los estados socios y sus ciudadanos.

El compromiso de mantener la coordinación del High Level Task Force (HTLF) y por tanto de acentuar la necesidad de complementariedad y coordinación dentro del sistema es una buena señal, frente al empuje mediático-festivo de creación de fondos paralelos y del ninguneo de las Naciones Unidas (tesis defendida vehementemente por Sachs). El proceso que se inicia en Madrid ofrece una oportunidad (¿más?) de racionalizar el sistema de Naciones Unidas y para ello, la cooperación generosa y previsible (el compromiso de 1.000 millones de euros cada uno por parte de la Unión Europea y del gobierno de España son ejemplos a seguir) deberá acompañarse de un seguimiento sano, no exento de tensiones, entre los Estados donantes y la HLTF. Los desembolsos deberían ir acompañados de criterios sobre una correcta y equilibrada identificación de prioridades (lo más protegida posible de influencias de intereses de agencias o países donantes), mecanismos de rendición de cuentas y la participación de diferentes grupos de interés relacionados con la seguridad alimentaria. Dentro de esta dinámica, España tiene la oportunidad y la responsabilidad (a tenor del compromiso y voluntad políticas manifestados en esta cumbre) de acompañar y animar este proceso con un criterio y perfil propios, aportando un valor añadido que aún debe consolidar en su política de cooperación.

Precisamente, otro de los elementos que ofrece una oportunidad es la demanda expresa de grupos de la sociedad civil, escuchada por la organización y finalmente recogida en la Declaración de Madrid, es el reconocimiento de que la crisis alimentaria global es de naturaleza compleja (todas lo son). Con implicaciones agroproductivas, nutricionales y de salud pública, comerciales, medioambientales y, sobre todo políticas. Para atacar el problema se necesita de los esfuerzos y el compromiso de todos, entre ellos y de forma fundamental la sociedad civil. Esta, debe incluir la representación, entre otros, de los pequeños campesinos, pero no debe restringirse a este importante colectivo. Las mujeres y los grupos extremadamente vulnerables (como los menores de 5 años), son las víctimas más expuestas al hambre y deben tener su voz, los grupos étnicos, políticos o religiosos marginados por políticas que utilizan la inseguridad alimentaria como un arma deben formar parte del panel de escucha, a veces a nivel global pero sobre todo a nivel nacional; es probablemente en el aterrizaje del proceso a este nivel que podremos incluir a grupos de interés impresicindibles para, no ya implementar las políticas de seguridad alimentaria sino para diagnosticar su perfil, alcance y hacerlas suyas. Un nuevo tipo de actores ha sido llamado a formar parte de la Alianza Global para la Agricultura, Seguridad Alimentaria y la Nutrición, las corporaciones privadas. Quizás su presencia deba ser definitivamente reconocida y animada y es de agradecer este intento inclusivo. Su contribución es necesaria tanto por activa (inversión en desarrollo tecnológico, mejora productiva, redes comercialización…) pero también debe serlo por pasiva.

Los alimentos de base no son accesibles a 960 millones de personas en el mundo, entre otros casos, y sobre todo, por la presión comercial que sufre la producción actual, a veces con prácticas especulativas. No son sólo corporaciones multinacionales, que concentran en un exclusivo oligopolio las capacidades tecnológicas, comerciales y financieras para abastecer o no los mercados según su rentabilidad; son también oligopolios locales y regionales de producción y comercialización de alimentos quienes, año tras año, impiden un correcto acceso a los alimentos de poblaciones en el Sahel, Cuerno de África o América Latina. Si hablamos de buen gobierno, quizás debamos plantearnos la necesidad de declarar los alimentos básicos como bienes de interés público y ampliar la protección, en forma de regulación, que su producción, financiación o comercialización necesitan.

En suma, se abre una oportunidad de reforzar que, por medio de uno de los derechos fundamentales más obvios y esenciales, seamos capaces de ayudar a convertirse en ciudadanos a 960 millones de súbditos.

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