Gas y petróleo: Urge coherencia en el lado de los “donantes-consumidores”

Durante la segunda semana de septiembre, más de 200 representantes de gobiernos y de la sociedad civil africana asistieron a la reunión regional africana de Publish What You Pay (PWYP) y la Primera Conferencia de la Iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas (EITI) en África del Oeste. Uno de los mensajes más claros y contundentes de estos importantes eventos ha sido el siguiente: El potencial de los ingresos provenientes de la industria extractiva para financiar el desarrollo en África es enorme y debe ser aprovechado para ello sin mayor dilación.

Las cifras hablan por sí solas. En Nigeria han “desaparecido” en los últimos 46 años más de 400 mil millones de dólares de la renta petrolera. En Chad, en tan sólo tres años los ingresos públicos se han multiplicado por tres, gracias a la reciente explotación del petróleo. Un pequeño país como Guinea Ecuatorial cuenta con una renta per cápita de 16.000 dólares, debido a los ingresos del petróleo, mientras que, paradójicamente, la mayor parte de su población de 616.000 habitantes vive bajo el umbral de extrema pobreza.

No hay duda de que la lucha contra la corrupción y la maldición de los recursos en el sector extractivo es fundamental para el desarrollo de los países africanos. En este sentido, la EITI propone una serie de medidas de transparencia que deberían favorecer una nueva cultura de rendición de cuentas sobre la utilización que hacen los Gobiernos de este maná (llámese petróleo, gas, minerales o madera), a favor de las políticas de reducción de pobreza.

Sin embargo, no parece que éste régimen voluntario (EITI) sea suficiente. Esta insuficiencia se debe, en parte, al hecho de que la EITI no contempla el rol que juegan los países donantes en esa compleja cadena de corrupción que va desde la negociación de las condiciones de la explotación hasta la evasión de capitales hacia mercados financieros internacionales.

A través de su portavoz Diarmand O’Sullivan, Global Witness, miembro de PWYP, se encargó una vez más de llamar la atención sobre la responsabilidad compartida de los países donantes en la solución del problema. Los países ricos deben concebir sus políticas y estrategias de ayuda no sólo desde su rol de países donantes, sino al mismo tiempo como países de origen de las multinacionales (home countries) y principales consumidores de recursos energéticos y de materias primas.

¿Puede entenderse que un gobierno, pongamos el francés, se proponga luchar contra la maldición de los recursos en un país, pongamos Congo Brazaville, impulsando financieramente la EITI, sin generar incentivos para que TotalFinaElf (principal petrolera de capital francés) opere en ese país de manera transparente? ¿O sin asegurar que la agencia de crédito a la exportación francesa que apoya esta industria lo haga dentro de un régimen escrupuloso de transparencia en Congo Brazzaville?

Entramos en el plano de la compleja coherencia de políticas tan reclamada por unos y otros y respecto a la cual sólo pocos países, como Noruega o Canadá, empiezan a dar tímidos pasos. España es otro país que no ha logrado hasta la fecha desarrollar una visión conjunta sobre las industrias extractivas. Brilla por su ausencia una política integral que abarque tanto la dimensión de los intereses comerciales de las compañías españolas y la demanda energética, como la dimensión del desarrollo y el buen gobierno de los países a los que destina su AOD. A nivel de política exterior, los retos para el desarrollo de Guinea Ecuatorial, Argelia, Mauritania, Nigeria, entre otros muchos casos, pasan por que los actores españoles comprendan en su globalidad las implicaciones que la industria extractiva tiene en estos países. Es urgente vincular de forma coherente los objetivos de la explotación y la demanda hidrocarburífera con los objetivos de desarrollo y la buena gobernanza. Sólo de esta manera, puede el Gobierno español contribuir a desarrollar el gran potencial que tienen los recursos naturales para el desarrollo humano y económico de los países productores, reduciendo progresivamente su dependencia de AOD.

Para empezar, Moncloa tiene sobre la mesa una Propuesta No de Ley de 5 de diciembre 2005, aprobada por unanimidad. Esta establece varias líneas de actuación dentro de una visión más integral sobre la transparencia que excede a la aportación financiera, más bien puntual, al Fondo Multi-Donantes de la EITI. Por tanto, quedan muchas tareas pendientes para asegurar la coherencia de políticas de España como donante-consumidor en los países productores de gas y petróleo.