De la sensibilización a la responsabilización: Hacia una nueva relación Estado- sociedad civil

La semana pasada, la VII Edición de los Diálogos AECID reunió a la comunidad cooperante bajo el tema de “Compromiso ciudadano y cooperación”. Se dedicó mucha atención a la importancia del papel de la educación para el desarrollo y la sensibilización de la ciudadanía por medios estatales y no-gubernamentales. Pero se debatió poco acerca del derecho del ciudadano - y del contribuyente - de conocer el desempeño de la cooperación al desarrollo o el impacto de todas las políticas públicas de España para el desarrollo y bienestar en el Sur.

Moderado por Juan Pablo Iglesias, Director General de la AECID, el evento contó con la presencia de Soraya Rodríguez, nueva Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, José María Medina, Presidente de la Coordinadora de ONG de Desarrollo (CONGDE), y Olivier Consolo, Director de la Confederación Europea de ONG de Emergencia y Desarrollo (CONCORD).

Se mencionaron una gran diversidad de retos para la educación al desarrollo. Entre ellos figuran el rol particular que tienen los ONGD por su experiencia práctica (“con las botas sucias”) en los países del Sur y la posible responsabilidad específica de la cooperación municipal y autónoma a la hora de promover la educación de la ciudadanía (por su cercanía a la población). También hubo referencias a la tercera edad como actor y receptor de mensajes y el “analfabetismo” rampante sobre cuestiones de la “globalización”, entre muchos otros.

Mientras estos temas son indudablemente de gran importancia me gustaría llamar la atención a otra perspectiva. La “sensibilización del ciudadano” parece un proceso lineal desde “arriba”, es decir del Estado, hacia “abajo”, la población, sea quien sea el interlocutor (medios de comunicación u ONGD). Más allá de esta dinámica vertical, uno se podría imaginar un proceso de responsabilización de la actuación pública, que en si mismo conduzca a la sensibilisación. En otras palabras, para educar a la cuidadanía, el Estado debería hacer transparente lo que hace, basándose en los criterios declarados y/o internacionalmente establecidos.

En España, esto podría tomar la forma de publicar tres informes anuales sobre los siguientes temas:

• Coherencia: “coherencia de políticas” se refiere al impacto que hace el conjunto de las políticas para el desarrollo de los países en vías al desarrollo. Ya, la coherencia de políticas es una parte destacada del Plan Director y del PACI 2008. En 2005, se ha dotado al consejo de cooperación con la tarea de redactar un informe anual sobre coherencia. En la legislatura pasada se ha redactado uno, que, a pesar de su elevada calidad como el primero en su tipo y el impulso que dio a un debate abierto, no ha llamado la atención del público en general y no existe todavía seguimiento. Entre las prácticas de otros donantes destaca el peso que le da la Comisión Europea al tema de la coherencia con sus informes anuales y comunicaciones repentinas.
• Fomentar una asociación mundial para el desarrollo: El octavo objetivo del milenio destaca entre los demás porque especifica qué es lo que los países ricos deben hacer para alcanzar los primeros siete. Este octavo ODM fue fruto de una dura negociación en 2000 que intentó mostrar la responsabilidad de los Estados del Norte. Detalla medidas sobre la cantidad y la modalidad de la ayuda, sobre acceso a mercados, sobre gestión de deuda y la relación con el sector privado. Aunque se trata de un objetivo a nivel global, se pueden deducir metas mensurables para cada país donante. España, en 2006/2007 publicó un informe sobre sus avances hacia el ODM8. Es un informe detallado y comprometido. Sin embargo, aunque incluye la dimensión de perspectivas de futuro, carece de metas e indicadores o de un plan de actuación. La presentación del informe sirvió como demostración de la voluntad política para el multilateralismo, con el PNUD en concreto. Desafortunadamente, las reacciones por parte de la sociedad, los medios de comunicación y la academia han sido escasas.
• Eficacia de ayuda: La declaración de París define indicadores concretos para medir los avances en la entrega de una ayuda mejor desde 2005 a 2010. En 2006 se publicó una línea de base sobre la que en 2008 se hizo seguimiento, preparando el Foro de Accra. A pesar de la complejidad técnica y política de la medición de los avances, los datos obtenidos permiten crear fichas de desempeño por país donante. Así lo ha hecho EURODAD para el informe 2006. En reacción a la agenda de París, algunos donantes han elaborado planes de actuación. Algunos, como el Reino Unido, publican informes de avance. España todavía no ha publicado el suyo, pero ha anunciado en varias ocasiones, la última en Accra, la elaboración de hojas de ruta.

Por tanto, crear transparencia sobre los compromisos internacionales (como los ODM, Monterrey y París) y sobre el desempeño al respecto puede generar una nueva relación entre Estado y sociedad civil. La publicación anual de estos tres informes sería una opción. No se trata de valorar cuán mal (o cuán bien) lo estamos haciendo, sino de entrar en un juego dinámico en la que, basándonos en criterios claros y su medición con indicadores inequívocos, ambos lados pueden reforzar sus músculos, tanto capacidades analíticos como de implementación.

• La administración no solamente tendría la oportunidad de comunicar los resultados de su actuación, sino que podría fomentar una coalición de reforma que empujara la cooperación hacia una mejor ayuda (eficacia) y el sistema en general hacia una mejor consideración del impacto en la pobreza (coherencia).
• Por su parte, la sociedad civil tendría puertas de entrada para elevar el discurso de la “ayuda” a un nivel analítico que realmente responda a la complejidad de la globalización.

Esto desencadenaría un círculo virtuoso de capacidades mutuas, basado en el acceso a la información y el análisis. Es posible que este discurso basado en hechos y con un enfoque más “educativo” atrajera un público informado y comprometido. Muchos de estos actores descreen actualmente de la política de cooperación por su abuso como herramienta de marketing gubernamental y electoralista. No es una propuesta nueva, sino que se encuentra ya en documentos anteriores, como en este análisis de FRIDE publicado a mediados de 2007.

Parcialmente, el Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) y su seguimiento ya sirven a este propósito. Pero su impacto como generador de debate y responsabilización es limitado. Esto, en parte, se debe tanto al formato de la comunicación, la formulación de los objetivos y (el retraso en) las fechas de publicación por parte del gobierno. De igual manera, la sociedad civil crítica podría aprovechar mejor esta oportunidad que ofrece el gobierno para entrar en un debate sobre los logros reales.

Finalmente, para la sociedad civil no se trata de tener (solamente) “las botas sucias” sino también el lápiz sobre la hoja de estadísticas. Para el Estado, no se trata (solamente) de sensibilizar a la población sobre la pobreza con folletos brillantes, sino también de exponer lo que hace al respecto. Esto formaría la base de un aprendizaje mutuo.

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