La reforma de la vigente Ley de Cooperación – necesaria, ¿pero urgente?

El gobierno quiere reformar la vigente ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo para consolidar los avances logrados en el sistema español de cooperación. Celebrada como un gran progreso en 1998, la Ley queda actualmente anticuada según la percepción de muchos. Sin embargo, embarcarse ahora en un extenso debate sobre la reforma de la ley, podría distraer la atención de otros asuntos más urgentes.

Tanto en el programa electoral (p.283), como en su discurso de investidura, el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero anunciaba la reforma de la Ley de Cooperación. Esta propuesta ha sido retomada por la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Leire Pajín, en su primera comparencia en la comisión del congreso. Se insiste sobre el valor de la ley vigente de 1998 y su carácter consensuado pero se constata, que en el marco de los nuevos consensos internacionales y el aumento de la cantidad de la ayuda, “el magnífico traje que tejimos entre todos en el año 1998, diez años después, tiene tensas las costuras porque hemos crecido y hemos madurado” (Pajín). Sin embargo, por ahora, se dan pocas pistas hacía donde se quiere avanzar en la nueva ley.

¿Es importante tener una ley? En 2005, el Comité de Ayuda al Desarrollo CAD del OCDE resalta que solamente la mitad de los donantes del DAC tienen una ley que regula la cooperación internacional. La experiencia internacional muestra que tener una base legal para la cooperación al desarrollo es un componente importante, aun no el único, para dotar a la política de cooperación de un peso y de una independencia frente a posibles injerencias de otros objetivos políticos.

¿Cual ha sido la historia de esta Ley? La ley vigente fue el fruto de la voluntad política del gobierno popular en la legislatura de 1996-2000, representado por el entonces Secretario de Estado de Cooperación Villalonga Campos, de avanzar en temas de cooperación al desarrollo. Apoyada e impulsada desde el movimiento hacia el 0.7 a comienzos de los años 90, la vigente Ley de cooperación fue celebrada y apoyada por una gran amplitud de actores a causa de su carácter modernizador.

La Ley, ¿solo papel? La Ley vigente ha sido criticada por su débil implementación. En concreto, se ha cuestionado el liderazgo de la SECI como coordinadora frente a otros ministerios, la falta de institucionalización del mandato de coherencia de políticas y los escasos resultados de la comisión inter-territorial de cooperación para la coordinación de la cooperación descentralizada.

¿Necesidad de reforma? Muchos actores están de acuerdo en que la ley vigente ya no cumple con las exigencias de una cooperación moderna que se enmarca en los nuevos consensos. Se han cuestionado temas como la instrumentación de la cooperación por otras políticas (por ejemplo, los FAD), las instituciones (la agencia, pero también los órganos de consulta), la relación con los países receptores y hasta las metas. De hecho, la cooperación española ha avanzado considerablemente en los pasados años y se encuentra con el reto de consolidar la reforma. Esto ha sido aclamado por la gran mayoría de actores, entre ellos la revisión de pares del CAD. Pero, ¿debería pasar esta consolidación por la formulación de una nueva ley?

Embarcarse ahora en un debate extenso sobre la reforma de la Ley podría distraer la atención de otros asuntos más urgentes para consolidar . Entre ellos destacan

(1) la base institucional para gestionar la cantidad comprometida,

(2) un enfoque multilateral estratégico que no solamente desembolsa fondos pero que además incide en ideas y resultados,

(3) la conexión entre los ciclos de planificación y evaluación y

(4) la redirección de un modelo de cooperación asistencial hacia un modelo de desarrollo – y como se podría definir y medir esto más allá de los discursos.

Posiblemente, los retos en 2009, después de la consulta del Plan Director, son tan enormes que la base legal, tal como está, nos puede valer un rato más.

Si se opta por la reforma, ¿cómo se debería hacer? El compromiso de la SECI de fomentar una Política de Estado de Cooperación Internacional – trasparente y consensuada – implica que la tramitación de la nueva Ley sea un debate abierto. A este fin convendría que la SECI, líder de este proceso, tomase la iniciativa de comunicar cuanto antes (en septiembre) tanto el proceso (bajo forma de una hoja de ruta de las consultas) como el posible contendido (a través de un menú de opciones por ejemplo).