Rendición de cuentas y ciudadanía

Tal y como incorpora la Declaración de Paris, una de las mayores prioridades para los países socios y donantes es ampliar la responsabilidad y la transparencia en la utilización de los recursos del desarrollo. Pero es quizás la perspectiva de reforzar el apoyo ciudadano a las políticas nacionales y la ayuda al desarrollo, la que más puede consolidar una política basada en la participación y el diálogo de todos los actores implicados.

Esta inquietud se refleja en el actual Plan Anual de Cooperación Internacional, no sólo en su parte declarativa de “mejorar la calidad en la gestión de la ayuda y el aumento de la eficacia”, respondiendo así, a los criterios fijados por el Consejo Europeo de Desarrollo y el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, sino en el aumento efectivo de los recursos netos. Los 5.509 millones de euros previstos en el presupuesto de la política de Cooperación al Desarrollo en España y la obligación de rendir cuentas ante una ciudadanía de creciente escepticismo, plantea una oportunidad única de legitimar una cultura de solidaridad que avale una Ayuda Oficial al Desarrollo, convertida en política pública de amplio consenso gracias al pacto de Estado firmado a finales del 2007.

Este gobierno, que ha impulsado el proceso de estructuración y reforma de la política española de cooperación hacia una política de desarrollo, reforzando su papel político, tiene ahora la obligación de definir su responsabilidad y compromiso con la calidad. poniendo en marcha un sistema integral de rendición de cuentas.

Es decir, un siste que refuerce y amplíe los mecanismos existentes hacia llos actores públicos específicos del sistema de cooperación española: MAEC-SECI-DGPOLDE-AECID, MEH, MITyC y Administración Central y autonómica y hacia otros actores estatales como, el Parlamento (mediante procesos formalizados en plazos y en formas) o el Tribunal de Cuentas, la sociedad civil y las ONGD) y hacia la ciudadanía en general (foros de ciudadanos, etc).

En este sentido, el sistema de rendición de cuentas español, debería reforzar el apoyo a su política de ayuda al desarrollo, haciendo partícipe a su ciudadanía del diálogo abierto con todos los socios del desarrollo. No debe ignorarse que los socios del desarrollo son también las organizaciones de la sociedad civil, tanto en España como en los países en desarrollo, agentes no estatales que no sólo contribuyen a una mayor eficacia del suministro de ayuda, sino que facilitan la participación ciudadana y la gobernanza.

Para que la ciudadanía pueda participar en la política pública de cooperación al desarrollo, es necesario contar con un sistema de información fiable, con datos desagregados y actualizados regularmente por parte de todos los actores. Así, las instituciones públicas responsables deben mejorar el acceso a la información, un derecho que debería estar garantizado en condiciones de igualdad y bajo el amparo de una normativa clara, pero que todavía está pendiente en España. (España y Grecia so los únicos países de la UE que no cuentan con un a Ley de acceso a la información Pública. En España se contempló en el programa electoral del PSOE, de las elecciones de 2.004 pero aun hoy sigue sin una legislación que lo garantice.)

El modelo de fragmentación territorial y competencial de nuestra administración, hace todavía más complejo el sistema de rendición y obliga a definir con mayor detalle el nivel de responsabilidad que tiene que asumir cada agente público de desarrollo (CCAA, EELL, Fondos de Cooperación, Agencias Regionales, etc)

Desde el resto de actores privados, no por ello menos obligados a rendir cuentas, la responsabilidad para con la ciudadanía, se vincula a la base social que representan, sobre todo en el caso de las ONGDs. Estas organizaciones deben por un lado, responder al compromiso de una sociedad civil identificada con los valores democráticos y solidarios, y por otro, profesionalizarse y promover los mecanismos de gestión, supervisión, control y evaluación, pese a las carencias mas que evidentes del sistema. Aquellos actores, que por su naturaleza se vinculen a la cooperación desde la perspectiva empresarial, deben cumplir los compromisos de Responsabilidad Social Corporativa, más allá de las demandas puntuales. Si además, se trata de entidades involucradas con la extracción de recursos naturales, deberían con mayor motivo, evitar las desconfianzas propias que genera el sector, comunicando con toda transparencia al ciudadano la responsabilidad de sus acciones.

Todos estos actores deben encontrarse ante criterios comunes que garanticen su responsabilidad. El código de conducta europeo, que vincula a los estados, el aprobado por las distintas coordinadoras de ONGDs y las iniciativas de RSC de las empresas perfilan un marco todavía insuficiente para garantizar con transparencia una AOD de calidad.

Para empezar a hablar de calidad de la ayuda al desarrollo es imprescindible un sistema integral de rendición de cuentas que permita,

1. en primer lugar, conocer la eficacia y el impacto de las intervenciones de todos los actores, previa reflexión y con indicadores rigurosos y consensuados, sobre su calidad.
2. En segundo lugar, aportar mayor transparencia sobre el destino final de los fondos de la AOD en un contexto donde el compromiso del 0,7 de la RNB previsto para el 2012, acelera y presiona la ejecución presupuestaria.
3. Y en tercer lugar, resulta un marco adecuado para poder comunicar a la ciudadanía, los logros y retos futuros de la cooperación española.

La eficacia de la ayuda, debe ser una responsabilidad compartida por los estados donantes y socios y sus respectivas ciudadanías y el sistema español, pese al impulso actual, no puede garantizar canales de información suficientes para que la sociedad civil asuma su compromiso por la lucha contra la pobreza.