Hasta ahora se ha trabajado más en coherencia interna del sistema que en coherencia de políticas ‘para’ el desarrollo

La ayuda al desarrollo es el menor de los flujos económicos que se dirigen desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo. Otras relaciones económicas como el comercio internacional, las remesas de migrantes, la inversión directa extranjera, o los préstamos y créditos internacionales representan un volumen de financiación externa mucho mayor para una parte considerable los países receptores de ayuda. Esto también significa que las políticas, articuladas desde los países desarrollados, que sostienen estos otros tipos de financiación pueden tener un impacto mucho más intenso en el desarrollo económico y social de los países receptores que las políticas de ayuda al desarrollo. Así, se pone de manifiesto la importancia de progresar en la coherencia de políticas para el desarrollo.

Si bien la necesidad de progresar en la coherencia de políticas para el desarrollo aparece en textos de la OCDE ya en los años setenta, no es hasta los noventa –en un escenario de caída sostenida de los flujos de AOD – cuando el concepto empieza a plasmarse en directivas de la OCDE, normas europeas o acuerdos internacionales. Concretamente, la obligación para la Administración española de obtener niveles adecuados de coherencia de políticas deriva de la Declaración del Milenio, los Objetivos de Desarrollo del Milenio –concretamente, el octavo–y el Consenso de Monterrey , a nivel internacional. A nivel nacional, esta obligación se recoge en la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional al Desarrollo y en el Plan Director vigente, para el periodo 2005-2008. A esta lista se habrían sumado más recientemente la determinación de la Comisión Europea de aumentar la coherencia de políticas en diversos ámbitos y las recomendaciones del último peer review de la cooperación española .

Uno de los objetivos del Plan Director vigente era precisamente el de elevar la política de cooperación a una política de desarrollo, diseñada desde una visión más integral y estratégica del conjunto de la acción exterior española. Esto implica, necesariamente, mayores niveles de coherencia en la formulación de políticas. Aunque esta visión se ha traducido en algunos intentos de mejorar los niveles de coherencia en algunos ámbitos –como la condonación o conversión de deuda–, lo cierto es que los esfuerzos han ido dirigidos, por lo general, a la coherencia interna de la política de ayuda (coherencia de políticas ‘de’ desarrollo) –o, en otros términos, su eficacia–, siendo sensiblemente más limitados los avances en la coherencia de otras políticas que trascienden el ámbito de la cooperación al desarrollo (coherencia de políticas ‘para’ el desarrollo). Un ejemplo de esfuerzo en este último campo es el Informe del Consejo de Desarrollo de la Cooperación española sobre el cumplimiento del principio de coherencia de políticas.

En definitiva, se puede decir que en esta legislatura ha tenido prioridad la coherencia de políticas ‘de’ desarrollo frente a la coherencia de políticas ‘para’ el desarrollo. Y esto supone uno de los principales retos para esta nueva legislatura y para el nuevo Plan Director de la Cooperación Española para el periodo 2009-2012.