Rendición de cuentas en el norte: ¿estamos preparados?

El substancial incremento de la AOD española, en un contexto de crisis económica, requiere de una explicación en profundidad sobre sus éxitos y fracasos a la ciudadanía, con el objetivo de mantener e incrementar su apoyo social y favorecer un control democrático sobre el uso de estos fondos. ¿Está la cooperación española preparada para ello?

Accountability: palabra de difícil traducción al castellano cuyo significado en inglés sería la capacidad de ofrecer respuestas o de justificar un análisis o explicación sobre un hecho concreto. Accountability va más allá de la transparencia -necesaria pero no suficiente- y no sólo se compromete con los hechos y los datos sino con la explicación profunda, las razones de esos hechos y esos datos. En términos de políticas públicas, ser capaz, en última instancia, de rendir cuentas por lo que se ha hecho o dejado de hacer, y hacerse responsable de ello.

En un contexto mundial donde los retos globales de desarrollo son un imperativo ético y político, y donde la Ayuda Oficial al Desarrollo requiere del mayor de los esfuerzos para ser eficiente y eficaz en relación a sus objetivos, la rendición de cuentas y responsabilidad sobre su destino, uso e impacto es un elemento fundamental de cualquier programa de mejora. Así, el consenso de Monterrey en 2002 y la declaración de París en 2005 sitúan la rendición de cuentas como uno de los ejes clave para la mejora de la calidad de la Ayuda Oficial al Desarrollo.

Sin embargo, tras la declaración de principios hay poca práctica real de rendición de cuentas. En un contexto de crecimiento espectacular de la AOD española, es una obligación política ofrecer información veraz, actualizada y sistemática sobre el flujo de fondos de AOD, sus destinos, prioridades y condiciones, mientras que los países socios deben ofrecer información sobre su uso y distribución. Los ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos y donaciones financian las políticas de cooperación tienen el derecho a conocer en qué se gastan sus aportaciones y de qué manera, y conocerlo de una forma transparente y sencilla. En el caso de España, los informes de seguimiento de los Planes Anuales de Cooperación y los diferentes informes de evaluación suponen un instrumento necesario pero no suficiente para realizar una auténtica rendición de cuentas de cara la ciudadanía. Los informes y documentos permanecen en el ámbito de lo estrictamente técnico y, aunque han mejorado mucho en calidad explicativa, están lejos de ser el instrumento que deberían ser para implicar conscientemente a la ciudadanía en el esfuerzo que España realiza en AOD.

La rendición de cuentas va más allá de ofrecer información sobre la AOD, y no se puede entender separada de la coherencia de políticas: hay también que explicar el impacto de las políticas comerciales, migratorias y de gestión de la deuda externa, tomar nota de sus resultados y hacerse corresponsable de su impacto en los esfuerzos de los países del sur por alcanzar condiciones de vida dignas para sus ciudadanos y ciudadanas, a través de organismos independientes de monitoreo y evaluación y basados en la participación de todos los actores implicados, tanto en el norte como en el sur. El grupo de coherencia de políticas del Consejo de cooperación y la propuesta del Pacto de Estado contra la Pobreza de constituir un consejo consultivo de política comercial son pasos dados en esta dirección.

Siendo un avance, la nueva política española de evaluación sigue siendo insuficiente para garantizar este enfoque participativo y orientado al aprendizaje. De ahí que, a fecha de hoy, y ante la incapacidad pública de ofrecer una rendición de cuentas socialmente relevante, son los informes independientes -como el informe anual de la Plataforma 2015, Intermón Oxfam y su informe la realidad de la Ayuda; o el trabajo desarrollado por el Observatorio de la Deuda- los que marcan la agenda pública en materia de rendición de cuentas.

La revisión del Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 y la puesta en marcha del nuevo plan contará, previsiblemente, con la necesidad de fortalecer las capacidades de la cooperación española para rendir cuentas, pero no lo podremos hacer sin la activa participación de nuestros socios del sur. Para ello, y previo al nuevo ciclo de planificación, sería necesario hacer pública una evaluación conjunta de los documentos de comisión mixta firmados con nuestros socios. Si la responsabilidad, como señala la declaración de París, es mutua, la evaluación y el seguimiento también debe serlo. Para el sur, pero también para la ciudadanía del norte.